El grupo de investigación multidisciplinario de Derechos de la Naturaleza de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, socializó los resultados del proyecto “Análisis Jurídico y Social de los Derechos de la Naturaleza en el Ecuador. Defensa y garantía de estos”.

El estudio permitió realizar un acercamiento a siete poblaciones de la provincia del Azuay: Santa Marianita, Chaucha, San Sebastián (Sígsig), Soldados, Cañaribamba, Shumiral y Cochapata, con el objetivo de analizar jurídica y socialmente los derechos de participación en relación con los derechos de la naturaleza, la exigibilidad y garantía de los mismos.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia, Juan Peña, agradeció al grupo de investigación por contribuir con la formulación de respuestas y políticas públicas que garanticen la sostenibilidad y el buen vivir de las comunidades. Asimismo, resaltó la amabilidad y hospitalidad de los comuneros que fueron parte del estudio y que han permitido llevar a cabo la investigación con éxito.

La rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, manifestó que es primordial construir modelos de desarrollo que garanticen a las presentes y futuras generaciones la sostenibilidad y el bienestar. Destacó que la Constitución vigente convoca a una forma de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, otorgándoles derechos y considerando la primacía de los mismos. Agregó que, la Universidad de Cuenca, al ser pública tiene la obligación de contribuir dentro de los procesos de investigación con la conservación de los recursos naturales.

José Cáceres, miembro del equipo de investigación, manifestó que la investigación permitió  conocer cómo funciona el sistema y a su vez analizar cómo se desarrolla el espacio en el que convivimos para garantizar las condiciones de vida para las futuras generaciones. Señaló que es importante entender que los seres humanos somos parte del sistema, “no estamos ni encima ni abajo, funcionamos de forma integral, haciendo uso de las herramientas para poder gestionar los territorios, tomar las mejores decisiones y empoderarnos, como procesos claves y entes participativos para contribuir a la protección de la naturaleza”.

Mario Fárez, representante de las comunidades, remarcó que este proceso ha permitido que la academia verifique de manera científica la lucha de los pueblos para la defensa de los derechos de la naturaleza.

El director del proyecto, Teodoro Verdugo, resaltó la importancia de llevar a cabo investigaciones afines a la protección de la naturaleza, principalmente en las comunidades de la provincia del Azuay. Explicó que, una de las razones por las que se ejecutó este proyecto es para comprender cómo los derechos de la naturaleza son percibidos por los comuneros y obtener una visión integral desde el propio territorio.