Dentro del marco del convenio firmado entre la Universidad de Cuenca y la Secretaría Anticorrupción del Ecuador, se realizó el Foro Conversatorio "Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información" (LOTAIP), el 5 de diciembre en la Sala de Audiencias de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales del Alma Mater.

Las ponencias estuvieron a cargo de la titular de la Secretaría, Dora Ordóñez; del decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Humberto Chacón; del docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales; Diego Idrovo y del director de la Carrera de Periodismo, Ricardo Tello.

Hicieron un análisis de la propuesta a la Ley que busca regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado sobre los bienes de procedencia o destino relacionados con actividades ilícitas o injustificadas.

El rector de la universidad, Pablo Vanegas, enfatizó en la importancia de discutir estos temas en un espacio que tuvo como objetivo recoger las observaciones y sugerencias que desde la academia aportarían para fortalecer a las futuras políticas públicas.

Participaron además estudiantes de diferentes carreras, quienes expusieron sus inquietudes y opiniones que esperan Ordoñez las traslade a las sesiones de la Asamblea Nacional.

Sobre la Ley

Ordoñez sostuvo que la nueva normativa se plantea como una reforma a la Ley, vigente desde el año 2004, que quedó obsoleta con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Agregó que la LOTAIP se basa en los preceptos de la “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información”, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La principal de la secretaría manifestó que “el derecho de acceso a la información pública garantiza la libertad de recibir y difundir información con el fin de transparentar la gestión”, manifestó, de ahí que la aprobación de la LOTAIP podría prevenir los casos de corrupción que afectan a la democracia.

La mencionada Ley permitiría una verdadera fiscalización ciudadana. Deberán regirse a esta, las empresas y organizaciones públicas que tengan en su presupuesto recursos estatales.