La Universidad de Cuenca, a través de su Dirección de Vinculación con la Sociedad, y el Conagopare Azuay, realizaron, la mañana del 27 de mayo, el evento “Legislación y ruralidad. Encuentro de asambleístas y gobiernos parroquiales”.

Esta propuesta reunió a los legisladores del Azuay, Bruno Segovia, Juan Cristóbal Lloret, Sofía Sánchez, Rodrigo Fajardo y Diana Pesántez. Tuvo como objetivo afianzar políticas públicas en favor de los grupos de la sociedad que requieren mayor atención por parte del Estado, siendo prioritarias las zonas rurales del Ecuador.

En la programación de esta agenda política – legislativa se abordaron temáticas dentro de los siguientes ejes: Salud y Educación; Económico y Productivo; Vialidad, Infraestructura y Conectividad; e Institucional Parroquial.

Según información del Conagopare, en el país, cinco millones de personas habitan en estas zonas y son las que enfrentan mayor desigualdad en su día a día. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la pandemia agravó las condiciones sociales y económicas al punto de que la pobreza rural se acerca al 60% a nivel nacional.

Entre los datos importantes están los concernientes a  temas de vialidad. La provincia tiene una longitud vial aproximada de 5 533,85 km, de los cuales el 90.13% corresponde al sistema vial a cargo del Gobierno Provincial del Azuay.

El sistema vial provincial solo tiene la capacidad operativa en mantenimiento y mejoramiento de 2 290 km, lo cual deja sin mantenimiento a 2 697,83 km de vías, es decir el 45,91% de las carreteras. Estas cifras se reflejan en varios accesos en mal estado como la Chordeleg-Principal y la Dug Dug-Guarainag.

Con la emergencia sanitaria, una problemática que se agudizó en las zonas rurales y comunidades indígenas, es el acceso a internet. Se estima que el 92% de hogares indígenas no cuenta con una computadora en su casa, y el 97% no tiene acceso a este servicio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020).

Para los organizadores del evento, poner en conocimiento de los asambleístas estas y otras problemáticas fue imperante para buscar soluciones que permitan a las comunidades tener una vida digna.

Janeth Garzón, presidenta de Conagopare Azuay, explicó que se busca una revalorización de lo rural, por ello la necesidad de que las acciones, proyectos y programas del país garanticen el desarrollo de las zonas rurales y sus pobladores.  “Vemos cómo las consecuencias sociales y económicas se sienten con más fuerza en la población rural, de ahí la necesidad de desarrollar este tipo de encuentros que permitan, desde la realidad local, impulsar políticas públicas más eficientes para nuestras zonas”, explicó.

Para la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, “Legislación y ruralidad” es un ejercicio de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre actores claves del desarrollo. “Nos juntamos, gobiernos, academia y legisladores, para construir la visión compartida de nuestro futuro”, manifestó.

Enfatizó en la necesidad de “insistir en la redistribución y orientación de los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades y desequilibrios territoriales; garantizar la inclusión y la justicia, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir”.

El evento culminó con la firma de un acuerdo entre legisladores, rectora de la universidad y presidenta de Conagopare Azuay,  en el que comprometieron su trabajo  para fortalecer a la ruralidad.