Autora: Fernanda Ramirez
La discriminación hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI), se presenta en todos los espacios de la vida y va desde actitudes de rechazo, burla, humillación o utilización de lenguaje ofensivo, hasta reacciones violentas, que en casos extremos producen los llamados crímenes de odio. A nivel nacional el 70,9% de la población LGBTI asegura haber experimentado discriminación debido a su orientación sexual e identidad de género (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2013), y en la ciudad de Cuenca, según un estudio avalado por la Universidad de Cuenca este dato se representa en ocho de cada diez personas LGBTI. La Atenas del Ecuador, es conocida por su religiosidad, debido a esta influencia, se presentan hechos discriminatorios hacia personas LGBTI; por ello es necesario transformar las estructuras de instituciones, a través de la socialización sobre las implicaciones de actos discriminatorios. Las personas LGBTI sufren constantes agresiones y desconocen la existencia de una ordenanza vigente desde febrero de 2016 en Cuenca, la misma que busca el reconocimiento, respeto y protección a esta población. Son varios deberes, derechos y obligaciones del GAD Municipal de Cuenca, dirigidos a la reivindicación a esta población históricamente marginada y discriminada; sin embargo, son insuficientes las acciones llevadas a cabo localmente para prevenir actos de violencia y discriminación y nulas acciones para que se cumpla lo la normativa local.
En nuestro entorno no se habla de la existencia de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) lo que dificulta el conocimiento de la temática. A esta dificultad se suman las manifestaciones de violencia intrínseca hacia los LGBTI como: el rechazo, marginación, burlas e insultos que van desde acciones imperceptibles y normalizadas hasta las más graves, como las agresiones físicas y sexuales. Las demandas de las personas LGBTI versan principalmente sobre temas de derecho y ciudadanía, donde se puede resaltar que un 33,66% exige una ley antidiscriminatoria; lo que indica de manera concluyente es que se debe trabajar en una evolución positiva de las normativas vigentes a nivel nacional y local; otro dato señaló que el 42.57% de las personas encuestadas exige igualdad de derechos para las personas LGBTI, lo que demuestra que en esta población hay una gran inquietud por defender y reclamar sus derechos. Los servidores públicos están obligados a servir dando un trato igualitario y resolver reclamaos en torno a actitudes y acciones que atenten a los derechos de la población sexo genero diversas, identificar prácticas y omisiones a las normas, que reproducen la discriminación, los niveles de decisión y autoridad deben comprometerse a enfrentar y erradicar las prácticas y conductas discriminatorias de toda índole, con voluntad política.
Sobre autor/a
Fernanda Ramírez Álvarez
Ingeniera Industrial, con un diplomado en Docencia Universitaria, con un MBA con especialidad en Calidad. Especialista en elaboración de proyectos sociales. Periodista, fundadora del Programa de Radio “Sin Etiquetas”, programa especializado en temas de la Diversidad Sexo Genérica. Activista y Defensora de los Derechos, Coordinadora de la Organización Manos Solidarias.