Para 2030, el mundo se comprometió a garantizar el acceso a que todas las personas tengan acceso a agua segura, según se refleja en el Objetivo del Desarrollo Sostenible No. 6.

Otra duda persistente, es el hecho de definir qué se debe entender como una violación al derecho humano al agua y al saneamiento, siendo la respuesta todo aquello que implique un retroceso en el acceso, o en su defecto los tribunales también deben evaluar si el Estado ha utilizado el máximo de los recursos disponibles para ampliar y garantizar el derecho al agua y al saneamiento.

Por su parte, la ONU con el propósito de lograr que el objetivo 6 de los ODS, agua segura, se cumpla, ha pensado en los más vulnerables: mujeres, niños, refugiados, pueblos y nacionalidades indígenas, personas con discapacidad, etc., quienes son más propensos a la discriminación y en consecuencia a no disponer de la suficiente cantidad y calidad de líquido vital para cubrir sus necesidades.